| Estas circunstancias,
junto con los elevados requerimientos tecnológicos,
convierten a la industria biomédica en una actividad
estratégica en las sociedades avanzadas. Prueba de
ello es que, en España, la producción anual
de medicamentos supera anualmente los 10.000 millones de euros,
da empleo a unas 40.000 personas, aproximadamente un tercio
de las cuales son tituladas, y anualmente destina alrededor
de 600 millones de euros anuales a I+D. 
La industria farmacéutica, además, se ha convertido
en el sector que, tanto en términos absolutos como
relativos, más innova en nuestro país, y mientras
que su peso específico en nuestra economía ronda
el 2 por ciento, en investigación y desarrollo supera
el 18 por ciento.
El reconocimiento y apoyo de toda la industria biomédica
radicada en España a la innovación se pone de
manifiesto con datos como que las compañías
de capital nacional realizan el 40 por ciento del gasto en
I+D y el 60 por ciento restante es ejecutado por compañías
de capital extranjero.
A pesar de que el farmacéutico es un sector, en términos
generales, bastante saneado en España, concurren en
él una serie de condicionantes que le hacen extremadamente
sensible, como son el riesgo que conlleva la actividad investigadora
propia de esta industria y la incertidumbre que acarrea una
actividad fuertemente regulada e intervenida como es ésta.
Todo ello hace que la influencia del entorno sea fundamental
en el desarrollo de su actividad, y que el elemento clave
de reivindicación de la industria farmacéutica
sea la existencia de un marco regulador estable que permita
que los largos periodos de recuperación de las inversiones
en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos
no se vea alterada por cambios normativos significativos que
modifiquen el perfil de rentabilidad esperada de una inversión
ya de por sí sujeta a grandes riesgos.
En esta línea resultan imprescindibles amplias políticas
de apoyo a la I+D farmacéutica que, por una parte,
profundicen en la fiscalidad y en las ayudas financieras y,
por otra, faciliten su realización en España
de estas tareas, por ejemplo, facilitando los ensayos clínicos.
En paralelo, es necesario que se recompense la innovación
que realiza la industria tanto en los precios como en las
condiciones de financiación de los nuevos productos,
acorde a la inversión realizada en I+D y al riesgo
soportado. La eliminación de amenazas derivadas de
la introducción de elementos de farmacoeconomía
así como el reconocimiento del valor que aportan las
innovaciones incrementales en el avance de la terapéutica
medicamentosa, resultan imprescindibles.
Otro elemento clave para el desarrollo de este sector es
garantizar la unidad del mercado nacional, evitando la introducción
de condiciones de prescripción o dispensación
diferentes en cada comunidad autónoma, y desarrollando
una normativa regulatoria de la demanda común en toda
la geografía nacional. La fragmentación del
mercado farmacéutico español, que actualmente
es el quinto de la Unión Europea, en 17 mercados de
pequeño tamaño supondría una regresión
en el sector de consecuencias industriales y económicas
irreparables.
Por otra parte, para conseguir una mayor eficiencia del sistema
es preciso que se aborden reformas estructurales enérgicas,
sobre la base de un amplio consenso político, que introduzcan
una mayor eficiencia y ahorros en el Sistema Nacional de Salud.
No podemos ignorar que el envejecimiento de la población,
el fenómeno migratorio, las mejoras tecnológicas
y la medicina preventiva -cada vez más desarrollada
en España- producen un aumento del consumo y un crecimiento
del gasto farmacéutico en las sociedades desarrolladas
por encima de los que lo hace el PIB.
La vía utilizada, hasta ahora, para su sostenibilidad
presupuestaria, mediante la reducción sistemática
de los precios, está agotada; hay que trabajar sobre
la demanda. En este escenario parece necesario, además,
destinar más recursos para la salud, introduciendo
elementos que supongan una mayor corresponsabilidad de los
usuarios y un mejor uso de los medicamentos pues de lo contrario
se hace inevitable financiar el gasto con nuevos recursos
públicos. |
