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En España, la empresa presta sus servicios a través de sus oficinas en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, siempre con el objetivo de ofrecer a sus clientes, tanto empresas extranjeras que desean implantarse en España como a las españolas que, cada vez más, apuestan por crear estructuras propias en otros países, un asesoramiento altamente profesional, integral y personalizado en todas las áreas del derecho empresarial.

Hablamos con Mercè Pallarès, responsable del departamento fiscal de Rödl & Partner en Barcelona:

"La poca inversión en I+D+i en España contrasta con la gran cantidad de incentivos fiscales que se ofrecen a empresas que invierten en ese ámbito"

Como asesora fiscal especializada en el mundo de la empresa, ¿qué le demandan sus clientes?

Nuestros clientes son empresas de distintos sectores y culturas, pero todas ellas buscan la eficiencia y evidentemente el máximo beneficio, intentando para ello optimizar su fiscalidad a través de la implementación de los incentivos fiscales previstos en cada momento en la legislación y por lo tanto siempre esperan de nosotros calidad, eficiencia y un trato personalizado en el asesoramiento.

¿Qué ventajas fiscales destacaría?

Es ya sobradamente conocida la poca inversión en I+D+i del tejido empresarial español y, precisamente, es en este marco en el que los incentivos fiscales a las empresas han sido uno de los elementos más destacables en el panorama fiscal de los últimos años. España es en la actualidad uno de los países del mundo que más ventajas concede a las actividades de I+D+i.

Yo destacaría las deducciones aplicables en este sentido con relación al Impuesto sobre Sociedades y concretamente, la deducción del 30 % (que puede incrementarse hasta el 50 % en determinados casos), de los gastos de I+D efectuados en el período impositivo de que se trate por actividades de I+D. Adicionalmente, se puede aplicar una deducción del 20% de los gastos correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de I+D y otro 20% de los gastos de proyectos de I+D contratados con Universidades, Organismos Públicos de Investigación, etc. También cabe la posibilidad de aplicar una deducción del 10% de las inversiones en elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos exclusivamente a actividades de I+D.

¿Hay algún otro incentivo para las empresas en este ámbito?

Existen deducciones con relación a las actividades de innovación tecnológica. Por ejemplo, en los casos en los que las empresas deciden encargar proyectos para la innovación tecnológica a Universidades u otros institutos oficiales, los gastos que generen serán deducibles en un 15 %. Por otro lado, los gastos en los que incurra la empresa con relación a la obtención de diseños industriales, ingeniería de procesos de producción, adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y "know-how" en general, serán deducibles en un 10%. Aquí, también, se incluyen los gastos relacionados con la obtención de certificados de calidad como el ISO 9000.

El carácter de sus clientes suele ser marcadamente internacional, ¿tienen hay alguna ventaja fiscal adicional?

Los grupos empresariales suelen estar interesados en la manera más eficiente de repatriar los dividendos con el menor coste fiscal. En este sentido, resulta aconsejable la constitución de una empresa Holding en España. Así es posible acogerse al régimen de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Se puede aprovechar para ello, una sociedad con el objeto social más amplio siempre que incluya la gestión de participaciones en entidades no residentes.

Este régimen permite conseguir que los beneficios empresariales obtenidos por filiales no residentes en España, sean canalizados a través de la holding española sin carga fiscal alguna en España ya que el beneficio distribuido por una ETVE proveniente de dividendos exentos no se considera obtenido en España, cuando el preceptor del mismo sea una persona o entidad residente fuera del territorio español. Este régimen es especialmente beneficioso para el caso en que las sociedades que reciban dividendos no sean residentes en la UE, o sean personas o entidades no amparadas por la Directiva Matriz Filial (personas físicas y sociedades personalistas).