Estas circunstancias
se podrían resumir en la contradicción
que supuso la insuficiencia de medios humanos y técnicos,
en el momento de promulgarse la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, con relación al nivel de
necesidades legalmente exigibles; en las disfunciones
producidas entre operadores de naturaleza privada y
seudo-pública, que dieron lugar a episodios de
competencia desleal (como reconoce
la propia Administración); a los insuficientes
medios de Inspección de Trabajo para ejercer
una efectiva labor de seguimiento y control; y, de forma
generalizada, a una visión de la prevención
excesivamente documentalista, que parece dar mayor relevancia
a la disponibilidad de informes técnicos de todo
tipo que a la aplicación práctica de las
acciones correctoras e integración de la prevención
en las empresas.
Los resultados de la evolución de la siniestralidad
se relacionan de forma directamente proporcional al
nivel de contradicción de estas circunstancias
y de su progresivo ordenamiento, pudiendo distinguirse
de esta manera dos grandes períodos: hasta el
año 2.000, en que la siniestralidad no desciende
de forma significativa y, a partir de ese año,
en que empezó a reducirse de forma paulatina
hasta alcanzar una reducción del 19,8%, entre
los ejercicios 2003 y 2004, según fuentes del
Ministerio de Trabajo.
Por todo ello, podemos concluir que, a pesar de que
la siniestralidad ha ido disminuyendo, sus índices
siguen encontrándose a la cabeza de Europa, lo
cual no es admisible ni desde un punto de vista humano
ni económico, entendido este último en
clave de competitividad. Para corregir esta situación,
desde ASEM se nos antojan tres propuestas claras: una,
profundizar en el reordenamiento del sector en términos
de homogeneización y rigor de la oferta de servicios
por parte de los diferentes operadores; dos, impulsar
desde la Administración planes de coordinación
y actuación entre todos los interlocutores que
inciden en esta actividad en aras de la imprescindible
integración de la prevención en las empresas,
así como planes de choque específicos
para reducir la siniestralidad; y tres, una apuesta
clara y decidida por la calidad entendida como la asignación
eficiente de recursos necesarios y suficientes para
conseguir un objetivo principal: ayudar a reducir la
siniestralidad de las empresas y a mejorar las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores.
Algunas de estas medidas ya se están estudiando
por parte del Ministerio de Trabajo y, próximamente,
se van a redefinir las funciones de las Mutuas de Accidente
de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social, en
el ámbito de actuación de la prevención
de riesgos laborales, a través de cambios legislativos.
Se pretenden dotar de más medios a los organismos
competentes de la Administración en materia de
asesoramiento y control; y se estudia un plan de choque
integral para reducir la siniestralidad que implique
a Comunidades Autónomas, agentes sociales y partidos
políticos con el objetivo de alcanzar la media
europea en el año 2008.
En ASEM Prevención, explica Jesús Galindo,
su Director General, “estamos convencidos de que
este es el camino a seguir y, por lo que a nosotros
se refiere, nos hemos preparado con los medios humanos,
técnicos y organizativos adecuados para dar cumplida
respuesta a este reto y asumir el futuro con ilusión
y confianza”.
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